Algunas personas me dicen: “No lea las noticias, solo le van a deprimir”. Pero yo sí las leo, y sinceramente muchas veces resultan alarmantes.
Mientras los titulares se enfocan en la guerra en Irán, la inflación persistente y las repercusiones relacionadas con los archivos de Epstein, otros temas importantes están pasando desapercibidos. Y después de más de veinte años trabajando en educación financiera, hay uno en particular que realmente me preocupa.
Actualmente, el Congreso está evaluando cuatro proyectos de ley que podrían representar un fuerte retroceso para los derechos de los consumidores y afectar seriamente su puntaje de crédito. Si tan solo parte de estas propuestas se aprueba, usted podría terminar pagando más intereses por una hipoteca, enfrentar dificultades para obtener financiamiento para un automóvil e incluso dejar de calificar para tarjetas de crédito con “tasas bajas”.
Estas iniciativas benefician principalmente a las empresas que manejan su información crediticia —la misma que determina su puntaje de crédito— al reducir su responsabilidad frente a errores perjudiciales. Esto incluye a las tres grandes agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion), así como a compañías intermediarias que compran y revenden datos crediticios.
Lo más preocupante es que los nombres de estas leyes parecen decir exactamente lo contrario de lo que realmente harían…
- FCRA Ley de armonización de la responsabilidad civil (Liability Harmonization Act, en inglés): Esta propuesta eliminaría los daños punitivos. En otras palabras, aunque una agencia de crédito viole leyes de protección al consumidor, prácticamente no enfrentaría consecuencias económicas importantes. Esto elimina uno de los pocos incentivos reales que tienen estas compañías para mantener información precisa bajo la Ley de Reporte Justo de Crédito (FCRA, por sus siglas en inglés).
- Ley de acceso al crédito e inclusión (Credit Access and Inclusion Act, en inglés): Esta ley se presenta como una forma de ayudar a las personas a construir historial crediticio incorporando pagos de renta y servicios públicos en los puntajes de crédito. El problema es que podría anular leyes estatales de privacidad y además perjudicar a quienes ya tienen dificultades para pagar servicios básicos elevados.
- Ley de exactitud de los datos de los distribuidores de reportes de crédito (Fair Credit Reporting Reseller Accuracy Act, en inglés): Esta propuesta otorgaría protección a los “revendedores” de información crediticia. Si transmiten datos incorrectos provenientes de otra compañía, no serían responsables, incluso cuando el error fuera tan evidente que deberían haberlo detectado.
- Ley para la eliminación del fraude en la base de datos de reclamaciones de la CFPB (Eliminating Fraud in the CFPB’s Complaint Database Act, en inglés): Básicamente, esta medida limitaría la voz de los consumidores. Eliminaría las “narrativas públicas”, es decir, los testimonios escritos por consumidores en la base de datos de quejas de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés). Además, obligaría a las personas a esperar 60 días después de contactar a una compañía antes de poder presentar una queja formal ante el gobierno.
Por qué esto es importante
Después de su edad y su presión arterial, probablemente su puntaje de crédito sea uno de los números más importantes de su vida adulta. Ese número determina cuánto interés pagará al solicitar una hipoteca, un préstamo de auto o una tarjeta de crédito. Incluso puede determinar si recibe aprobación o no.
Su puntaje de crédito se basa en los reportes de crédito. Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio determinó que 1 de cada 5 reportes contiene al menos un error. Y recuerde que usted tiene tres reportes de crédito distintos, uno con cada una de las grandes agencias de crédito mencionadas anteriormente. Eso significa que podría tener múltiples errores afectando negativamente su historial.
Estos errores pueden incluir deudas que pertenecen a otra persona, pero aparecen registradas a su nombre, algo común cuando existen nombres similares. En otros casos, simplemente no hay explicación lógica. Es el resultado de millones de reportes de crédito actualizados diariamente con enormes cantidades de información.
Cuando una agencia de crédito comete un error, las consecuencias pueden ser muy serias. Ese error puede marcar la diferencia entre conseguir un apartamento o ser rechazado. Puede impedir que un pequeño negocio obtenga financiamiento o provocar que el seguro de automóvil aumente drásticamente. Estamos hablando de personas reales que terminan pagando miles de dólares adicionales debido a información incorrecta que ni siquiera les pertenece.
Qué debería suceder ahora
Afortunadamente, estas cuatro propuestas —con nombres bastante engañosos— todavía están estancadas en comités del Congreso. (Mi favorita: la FCRA Ley de armonización de la responsabilidad civil -Liability Harmonization Act, en inglés- está siendo evaluada este mes por el Subcomité de Instituciones Financieras y Crédito al Consumidor de la Cámara de Representantes).
Con suerte, estas iniciativas quedarán archivadas en esos comités. Actualmente vivimos una crisis de asequibilidad, y lo último que las personas necesitan es que el gobierno dificulte aún más corregir errores en sus reportes de crédito. El costo de vida ya es suficientemente alto como para agregar problemas derivados de información de crédito incorrecta. El Congreso debería enfocarse en corregir esos errores, no en proteger a las industrias reduciendo su responsabilidad legal.
Blindar a grandes compañías frente a demandas y dificultar que los consumidores presenten quejas no ayuda a quienes realmente están atravesando dificultades. Y hoy en día, eso incluye a muchísimas personas.
